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Ciudad de México, 18 Julio.- A casi 12 años de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descartó cualquier responsabilidad institucional del Ejército mexicano en los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, según la Recomendación 208VG/2026, firmada el 2 de julio por la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, y hecha pública el nueve del mismo mes.
El documento reduce la cifra de los 43 estudiantes reportados originalmente como desaparecidos, ya que tres de ellos, según la Recomendación, en realidad murieron esa noche y deben contarse como víctimas de ejecución extrajudicial. Así, la CNDH documentó 40 normalistas desaparecidos, 6 víctimas de ejecución extrajudicial o de ataques directos a su integridad física, entre ellas los tres reclasificados, y 46 estudiantes más que sufrieron uso excesivo de la fuerza y tratos crueles o degradantes, en total 92 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
La Recomendación incluye mensajes de texto que, la noche de los hechos, intercambiaron dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos, organización ligada al narco, identificados con los alias «Silver» y «Aníbal». Estados Unidos interceptó esos mensajes a través de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y se los entregó al gobierno mexicano en 2022.
En la conversación, «Aníbal» escribió «la orden del estado vino de Chilpancingo de que los estatales no se movieran ni los verdes», en referencia al Ejército, y agregó que falta ver quién dio esa orden, a lo que «Silver» respondió: «del procurador». Para la CNDH, esta conversación confirma lo que el Ejército ha sostenido desde 2014, que esa noche no se le pidió intervenir.
La comisión sostuvo que en 2014 el Ejército carecía de facultades para intervenir en labores de seguridad pública sin que una autoridad civil lo solicitara expresamente, esquema que entonces regía en Guerrero bajo la estrategia del «Mando Único». Según el organismo, esa limitante desmiente buena parte de las teorías que señalan al Ejército como «centro operador y coordinador» del ataque contra los normalistas.
La comisión se defendió diciendo que no protege al Ejército por costumbre y recordó que antes sí ha señalado a militares por nombre y grado en otros casos de violencia política, como en las recomendaciones 46/2022 y 98VG/2023, y que hasta 2024 había emitido 13 recomendaciones particulares y 26 por violaciones graves en las que sí responsabilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Si en Ayotzinapa hubiera hallado pruebas contra la dependencia las habría usado sin problema, aseguró el organismo, pero simplemente no las encontró, por lo que rechazó la idea de que «las pruebas existen, pero se ocultan«, una narrativa que, según dijo, lleva años frenando la búsqueda de la verdad sobre el paradero de los jóvenes.
La Recomendación también documenta el caso de V44, a quien la CNDH ya había reconocido como asesinado desde 2016, cuando informó que sufrió 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna vertebral; lo nuevo es que ahora el organismo lo reconoce como un caso claro de ejecución extrajudicial con participación de integrantes de Guerreros Unidos y al menos un policía municipal de Iguala, y ya no solo como una víctima más del crimen organizado.
El documento también reconoce una contradicción en el trabajo pasado de la propia CNDH, debido a que de 72 personas a las que aplicó el Protocolo de Estambul, solo 9 dieron positivo de tortura en total. De ellas, 35 fueron liberadas, pero apenas 7 contaban con un resultado positivo del Protocolo a su favor, es decir que la mayoría salió libre sin que sus propios exámenes respaldaran haber sido torturadas.
Ante la controversia que ha generado la recomendación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su gobierno haya intervenido en la elaboración del documento. «Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro«, afirmó la mandataria, quien instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, realizar una revisión exhaustiva del texto y fijar una postura oficial del Ejecutivo federal.
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