• Ataques masivos a indígenas de la región de La Montaña Baja han recrudecido el fenómeno del desplazamiento forzado interno
• Las víctimas acusan complicidad de las autoridades con los grupos delictivos
Por: García Cano Vanesa
CDMX, 14 de mayo de 2026.- Más de mil 300 personas indígenas huyeron a los cerros y se ocultaron entre la maleza luego de que el grupo criminal Los Ardillos lanzara drones artillados, incendiara casas y atacara a balazos a la población indígena, estos hechos han dejado 81 asesinados y 25 desaparecidos, según reportan los pobladores de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Desde el 6 de mayo, los ataques contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Acahuizotla no han cesado; el 9 de mayo, Los Ardillos bombardearon a la comunidad de Tula con drones durante más de ocho horas e instalaron una trinchera a 200 metros de una base militar, sin que el Ejército interviniera para detenerlos, denunció el Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
En redes sociales circulan videos que muestran a mujeres cargando a sus hijos y caminando en la oscuridad entre los cerros, huyendo con lágrimas, dolor y angustia. «Nuestros niños no estarían otra vez durmiendo en el monte, bajo la lluvia, sin luz y sin comida, temblando de frío y de miedo», denunció un habitante desplazado de Alcozacán, quien también responsabilizó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de Seguridad Omar García Harfuch de lo que siga ocurriendo en las comunidades.
Por otra parte, Sixto Mendoza, vocero del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, señaló que la Guardia Nacional y el Ejército únicamente «se toman la foto» y se retiran, dejando a la gente a merced del crimen organizado, en contraste, los ciudadanos desplazados acusaron en redes sociales al fiscal general de Guerrero, Zipacna Jesús Torres Ojeda; al secretario de Seguridad estatal, Daniel Ledesma Osuna, y al subsecretario de Desarrollo Político Francisco Rodríguez Cisneros, de ser cómplices de Los Ardillos.
Detrás de la violencia, organizaciones civiles señalan que las comunidades afectadas se ubican sobre el «Cinturón Minero de Oro», una franja geológica en la Montaña Baja de Guerrero con yacimientos de oro, plata, cobre, zinc y plomo, lo que para algunos analistas explicaría el empeño por despojar a los pueblos indígenas de sus territorios.
Al respecto, la red internacional EuropaZapatista, integrada por organizaciones de Italia, España, Alemania, Grecia, Bélgica, Finlandia y otros países, emitió el 13 de mayo de 2026 un comunicado en el que denunció la «complicidad y responsabilidad de los tres niveles de gobierno» y exigió el cese inmediato de los ataques contra el CIPOG-EZ.
El CIPOG-EZ es una organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena, el cual aglutina a diversos procesos organizativos indígenas que defienden sus recursos naturales ante las amenazas de despojo de privados y del propio gobierno.