Redacción. Chilpancingo, Gro. 23 de agosto de 2026.- A finales de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó la convocatoria para someter a consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Meses antes, el 30 de septiembre de 2024, se había publicado la reforma al artículo 2° constitucional que reconocía a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Hoy, el gobierno presume un «ejercicio único en la historia de México» que consultará a 16 mil 728 comunidades. Todo suena bien. Todo suena a justicia histórica. Pero si miramos más allá del discurso oficial, si aplicamos la mirada crítica, lo que encontramos es un montaje perfectamente orquestado para legitimar un nuevo ciclo de despojo.
El derecho liberal: igualdad formal, desigualdad real
La reforma al artículo 2° y la propuesta de ley que lo va a reglamentar operan en el plano meramente formal: declaran derechos, reconocen autonomía, proclaman la pluriculturalidad. Pero no va a trastocar las relaciones económicas, es decir la propiedad de la tierra, el control de los recursos naturales o el modelo extractivista.
El Estado mexicano, incluso en su versión progresista, no puede resolver la contradicción fundamental que lo constituye: garantizar la acumulación capitalista mientras aparenta proteger a quienes son despojados por esa acumulación.
La consulta indígena es el mecanismo que permite al capital y al Estado decir «consultamos, escuchamos, acordamos», para luego seguir haciendo exactamente lo mismo: megaproyectos mineros, energéticos, turísticos e infraestructurales que devastan territorios, desplazan comunidades y profundizan la marginación.
La pobreza no se resuelve con leyes que no tocan el poder económico
Los datos son tozudos. Según el INEGI, el porcentaje de población indígena en situación de pobreza pasó de 70.3% en 2018 a 60.8% en 2024. El gobierno celebra esta reducción. Pero 60.8% sigue siendo una cifra escandalosa. En términos numéricos, 7.8 millones de personas indígenas siguen viviendo en pobreza. Y si miramos la pobreza multidimensional, el panorama es aún más desolador: 93.8% de la población indígena que vive en sus comunidades es pobre.
¿Qué cambia esta ley para esos millones de indígenas pobres? ¿Qué modifica en la estructura que los mantiene en la marginación? La respuesta es nada. Porque la pobreza indígena no es un accidente, no es una falla del sistema: es el resultado directo de un modelo económico que necesita territorios comunitarios baratos, mano de obra indígena precaria y el patrimonio biocultural de los pueblos en forma de recursos naturales para la exportación. La ley puede reconocer la autonomía, pero si los territorios autónomos siguen siendo explotados por empresas mineras, petroleras o madereras, la autonomía es un cascarón vacío.
El extractivismo no se detiene con declaraciones
El extractivismo ha sido la constante de los últimos gobiernos. El extractivismo no es un «error» de política pública: es la expresión más cruda de la acumulación por despojo. No se trata de producir más riqueza, sino de apropiarse de la riqueza que ya existe en los territorios indígenas sin pagar su costo social y ambiental. La consulta, al legitimar la iniciativa de ley preparada por los “expertos” invitados por el INPI, también legitimará los proyectos que vendrán después. “Los consultaron, dijeron que sí» —esa será la coartada perfecta para el despojo.
El montaje de la participación
La consulta convoca a 16,728 comunidades. Pero la pregunta que no se hace el gobierno es: ¿en qué condiciones se realiza esa consulta? El derecho a la consulta previa, libre e informada está previsto en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, organizaciones indígenas han señalado que el proceso carece de participación genuina. El Comité Técnico Asesor no tiene mandato comunitario, El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas no representa legalmente a nadie. Las asambleas se reprograman unilateralmente. El calendario lo impone el gobierno, no las comunidades.
En 2001, tras la reforma al artículo 2°, se presentaron ante la OIT tres reclamaciones contra el gobierno mexicano porque «no se consultó a los pueblos indígenas». Veinticinco años después, la historia se repite. El poder judicial no garantiza el derecho a la consulta. La Suprema Corte, lejos de ser garante, se ha convertido en observadora y aval del proceso. No hay estado de derecho para los pueblos indígenas: hay simulación de estado de derecho.
Conclusión: la ley que no cambiará nada
La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, tal como está planteada, es un ejercicio de maquillaje jurídico. Reconocerá derechos, sí. Creará instituciones, sí. Pero no tocará la propiedad de la tierra, no frenará el extractivismo, no redistribuirá la riqueza, no devolverá los territorios usurpados. Y mientras eso no ocurra, la pobreza indígena seguirá siendo una constante estructural.
El capitalismo no puede resolver las contradicciones que él mismo genera. Puede administrarlas, puede disfrazarlas, puede consultarlas, pero no puede eliminarlas. La consulta indígena es un ritual de legitimación del despojo, es una ceremonia en la que el Estado pregunta, los pueblos responden, y el capital sigue acumulando.
Mientras la consulta se realiza, los megaproyectos avanzan. Mientras los pueblos participan de buena fe, a la propuesta no se le va a cambiar nada que no tenga el visto bueno de la oligarquía mexicana. Solo la organización comunitaria, la resistencia territorial y la construcción de poder popular desde abajo pueden cambiar este proceso de simulación de consulta.
La consulta es un montaje y los pueblos indígenas lo saben. Y por eso, a pesar de la convocatoria, a pesar de los discursos del oficialismo, siguen resistiendo. Porque han aprendido que sus derechos no los otorga el Estado: los ejercen, los defienden y los construyen ellos mismos en los hechos.