Joaquín Palma/AIPIN
CDMX a 24 agosto de 2024.- “Te voy a explicar lo que es la justicia (le dice John Dutton, en la serie televisiva Yellowstone, a un joven vaquero que señala la injusticia practicada contra los pueblos Lakota al quitarles sus tierras en Montana, Estados Unidos). “Justicia quiere decir que un lado obtuvo lo que quería, en una forma que el otro lado no pueda quejarse”.
Así como sucedió en Estados Unidos, en México los pueblos indios aceptaron sin mayor dificultad eso que Andrés Manuel López Obrador llamó justicia para los pueblos a través de una iniciativa de derechos indígenas aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 9 de agosto de 2024.
Andrés y la 4T obtuvieron lo que querían: la integración de los pueblos a un modelo económico neocapitalista, donde la sociedad entera no moleste con demandas sociales, políticas y económicas de trascendencia y se sienta satisfecha con unas migajas de presupuesto público renunciando a su esencia autonómica, a su autodeterminación.
Por otra parte, los pueblos (representados por una nueva generación de líderes indígenas más preocupados por el relumbrón) instalados en un pomposo Consejo Nacional de Pueblos Indígenas aceptaron SIN QUEJARSE los supuestos beneficios de una reforma constitucional que los somete a las reglas jurídicas de un esquema occidental donde dejarán de ser sujetos históricos con posibilidades de desarrollo propio y se someterán a las reglas impuestas desde una oficina de gobierno siendo sujetos de derecho administrativamente.
Esta afirmación se deriva de los establecido en la iniciativa de reforma que a la letra dice: “C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores de este artículo, a fin de garantizar su desarrollo e inclusión social, en los términos que establezca esta Constitución, así como su libre determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.”
Si hacemos un ejercicio de memoria, el gobierno de la 4T con Andrés Manuel a la cabeza, desde el inicio de su gobierno fue muy claro respecto a la relación que buscaba con los pueblos indígenas. Es decir, como él mismo afirmó en su eslogan de campaña NO MINTIÓ.
El 1 de diciembre de 2018, a pocas horas de haber prestado su protesta de ley en la Congreso General, López Obrador montó un gran escenario en el zócalo capitalino donde llevó a cabo un performance muy acorde a su necesidad de pasar a la historia
como el “mejor presidente de México” , de ahí que se inventó una “ceremonia indígena” para que le fuera entregado un “bastón de mando” en medio de los jaloneos entre algunos líderes históricos indígenas, otros que se comportaban como los elegidos del nuevo tlatoani y aquellos neo indígenas que surgieron al calor de los nuevos tiempos por ser los protagonistas y salir en la foto.
En su discurso posterior a la “ceremonia”, López Obrador delineó su idea de programa de gobierno para los pueblos indígenas. Haciendo un recuento, no mencionó una sola vez las palabras autonomía o libre determinación y tampoco hizo referencia a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar o a las luchas recientes de las organizaciones indígenas por el reconocimiento de sus derechos.
En cambio, se dedicó a hacer un recuento de las condiciones de pobreza en que han vivido las comunidades indígenas de nuestro país y comenzó a delinear lo que sería su política de atención a las necesidades de las poblaciones indígenas a través de programas sociales, siendo acorde con su concepto de que “por el bien de México, primero los pobres”, no los pueblos indígenas.
A partir de ahí, se desataron una serie de acciones que fueron tejiendo la nueva relación del gobierno mexicano “cuatroteísta” con los pueblos, misma que podríamos definir como una “neo integración” de los pueblos al sistema capitalista con vocación social que representa López Obrador. Como afirmamos líneas arriba, NO MINTIÓ.
Se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), siglas que recuerdan al extinto órgano priísta de los 80 denominado Instituto Nacional de Protección a la Infancia que ofrecía desayunos escolares al sector prioritario e indefenso de la niñez mexicana.
Al frente del INPI de la 4T se colocó a un personaje reconocido como líder indígena sobresaliente de finales del siglo XX y principios del XXI, Adelfo Regino Montes, de origen mixe, quien se había destacado por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca y haber sido asesor del EZLN durante los diálogos de San Andrés Larráinzar, de donde surgió un documento que señalaba puntualmente el reconocimiento de los derechos indígenas y su incorporación en la Constitución respetando su autonomía y sin trastocar el régimen constitucional.
Regino llegó a dirigir el INPI luego de trabajar como secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca, en la administración de Gabino Cué Monteagudo, entre 2010 y 2016, donde sin duda aprendió los tejes y manejes de la administración pública.
Desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino ha operado las instrucciones del presidente López Obrador para acallar las voces discordantes de los pueblos indígenas y, en cambio, ha construido la burbuja institucional que sobrelleve las soluciones más inmediatas a los pueblos. Ejemplo de ello, son la implementación de los programas institucionales obradoristas como “sembrando vida”, “jóvenes sembrando el futuro” y los dirigidos a los adultos mayores, además de la construcción de caminos rurales en algunos pueblos indígenas, aprovechando la mano de obra de las comunidades bajo la figura del tequio.
De esta forma, el gobierno federal y el INPI dejaron de hablar con los líderes indígenas que enarbolaban las banderas de la autonomía, autodeterminación y defensa del territorio como pilares del desarrollo de los pueblos indígenas y se concentraron con los representantes a modo que gestionaban apoyos directos a necesidades inmediatas de las comunidades.
Más aún, y para dejar claro cuál era la ruta por seguir para apoyar y aprobar la iniciativa presentada por el presidente López Obrador, en una acción que recuerda nuevamente al régimen priísta de los años 70, se creó el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas a instancias del INPI, (creado el 27 de febrero de 2024, pocos días después de que López Obrador enviara su iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados el 5 de febrero), mismo que está integrado por neo líderes indígenas afines al gobierno de la 4T sin que exista prácticamente ninguna voz discordante.
En el evento de instalación del Consejo, realizado en el palacio de Bellas Artes de la ciudad de México, Regino Montes definió la tarea fundamental del Consejo: “una de las primeras actividades que realizará el CNPI es el diálogo y la interlocución con legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión, a fin de que aprueben la iniciativa de reforma constitucional que el pasado 5 de febrero envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.”
Es decir, se inventó un “órgano de representación indígena” aplaudidor y acrítico, mismo que si se hubiese creado en las épocas del PRI invencible, habría aumentado la lista de sectores sociales básicos que sostenían en el poder a ese partido: sector obrero, sector campesino, sector popular….y ahora el sector indígena.
Sin duda, el gobierno loópezobradorista ha hecho lo que en su opinión debería hacer para lograr la institucionalización de la atención a los pueblos y comunidades indígenas. Con ello han logrado que los nuevos liderazgos indígenas se alineen a la 4T y respalden la visión política de un líder que encajona a los pueblos indígenas como un sector de pobres a quienes se les debe dotar de programas sociales y de presupuesto a través del reconocimiento y adecuación de sus “sistemas normativos”, ajustándolos al derecho occidental para que puedan ser beneficiarios, sin contar que deberán estar inscritos en el catálogo nacional de pueblos indígenas creado por el INPI.
Si bien esto forma parte de la dinámica actual en que el gobierno atiende a los pueblos y sienta las bases para definir la relación del Estado con la comunidad indígena, también es necesario reflexionar sobre la actuación de los nuevos líderes indígenas y su definición de desarrollo de los pueblos, pero más aún exige un acercamiento crítico con los viejos líderes indígenas que, en las reuniones privadas se manifiestan en contra de la iniciativa enviada por Andrés Manuel y dicen defender las viejas demandas históricas promoviendo una rearticulación del movimiento indígena, en tanto que en sus expresiones públicas solicitan empleo y ser considerados como directoras o directores del INPI en el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, participando en eventos convocados por diputadas y diputados de Morena donde se pliegan a la política de la 4T.
En tanto, los liderazgos indígenas que se han declarado totalmente en contra de la política cuatroteísta, no han tenido la fuerza o la voluntad suficiente para manifestarse públicamente en contra del gobierno de López Obrador y de sus agentes de apoyo, además de impulsar una agenda de discusión sobre el futuro de los pueblos en la búsqueda de su derecho a la libre autodeterminación y autonomía y alejarse del relumbrón de los espejitos que ha regalado el gobierno morenista a los pueblos y comunidades a través de los programas sociales cuatroteístas.
La iniciativa (por cierto, casi una calca fiel de la que presentó la Diputada morenista Irma Juan Carlos en noviembre de 2023), aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 9 de agosto, día internacional de los pueblos indígenas, en unos cuantos días será presentada ante el pleno de ese órgano legislativo. Lo más seguro es que pase sin dificultad con la aprobación de la mayoría aplastante de la 4T que se precia de ir con todo y hacer realidad el llamado Plan C promovido por López Obrador en el reciente proceso electoral.
Dados como somos a rendirle pleitesía a las fechas y a su valor simbólico, especulamos que unos días antes del 12 de octubre será aprobada sin mayor trámite. Esto ocurrirá luego de que se haya “discutido y aprobado” lo relativo a la reforma judicial en materia de elección de jueces y las normas que rigen diversos procedimientos judiciales, entre ellos los relacionados a los pueblos indígenas.
De ahí que la llamada reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas tiene muchos recovecos que se deben atender con visión amplia en una perspectiva de trascendencia para su desarrollo.
Lo que se jugará en los próximos días es el sometimiento pleno de los derechos indígenas al modelo institucional del gobierno morenista, donde la 4T “obtendrá lo que quería” y sin que los nuevos líderes, ni las comunidades, organizaciones, pueblos o los viejos líderes indígenas hagan nada por tener una voz crítica y con perspectiva de desarrollo propio asumiendo que dejarán al otro obtener eso que deseaba “en una forma que el otro lado no pueda quejarse”. Es decir, aplaudiendo y celebrando que los propios indígenas se coloquen la soga al cuello.