Ciudad de México, 5 Mayo de 2026.- En los últimos 11 años, 199 defensores ambientales han sido asesinados en México por proteger la tierra, la fauna y los recursos naturales. Solo en 2024 la violencia creció 25 por ciento, con 25 homicidios documentados, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
De esos 25 casos, cuatro fueron ejecuciones extrajudiciales y en 62 de los 94 eventos de agresión registrados en ese año el responsable fue algún agente del Estado, lo que pone al propio gobierno como el principal agresor de quienes defienden el medio ambiente.
La minería, los hidrocarburos, la agroindustria y la industria maderera registran el mayor número de defensores asesinados. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas advirtió que la corrupción vinculada a esas industrias y la falta de transparencia facilitan las agresiones contra las comunidades que viven cerca de los proyectos.
Gustavo Alanís, director ejecutivo del CEMDA, mencionó que el 75 por ciento de la violencia se dirige contra organizaciones civiles y comunidades indígenas, en particular mayas, zapotecas, mixtecas y yaquis, los grupos más vulnerables ante el despojo territorial.
Entre las víctimas de 2024 figuran Adriana y Virginia Ortiz García, mujeres indígenas triquis de Oaxaca asesinadas al descender de un taxi, y el sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos colectivos en Chiapas, así como integrantes del ejido Nuevo Morelia en Chicomuselo, donde grupos del crimen organizado se disputan una mina.
En 2025 los asesinatos bajaron a diez, pero la violencia escaló, ese año se contabilizaron 135 eventos de agresión con 314 ataques específicos, el segundo registro más alto desde que el CEMDA inició su monitoreo, además de tres casos de desaparición, dos de los cuales terminaron con los activistas encontrados sin vida y uno permanece con paradero desconocido.
Alanís advirtió que ese año las agresiones contra mujeres defensoras aumentaron 61.8 por ciento, con 89 víctimas afectadas por intimidación, hostigamiento, difamación, violencia de género y criminalización, una tendencia que calificó como inaceptable.
El CEMDA lleva once años contando muertos, mientras que el Estado, once años sin dar respuestas.