Ciudad de México, 15 agosto de 2026.- La comunidad indígena de Cherán K’eri, ubicada en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán, denunció en un comunicado emitido el 9 de agosto una simulación en el proceso de consulta sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y acusó al gobierno federal de violar su derecho a una consulta previa, libre e informada.
En el documento, dirigido a la Presidencia de la República, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y a comunidades hermanas, los pobladores de Cherán advirtieron que enfrentan «una clara y cruel violación» a derechos que, dijeron, ya habían conquistado a través de años de lucha y resistencia.
La iniciativa, que busca regular los derechos reconocidos en el artículo segundo de la Constitución para los pueblos indígenas y afromexicanos, contempla 453 artículos que, según la comunidad, resulta imposible analizar en los plazos fijados por la convocatoria oficial, conforme a sus propias formas, usos y costumbres.
Los firmantes precisaron que el cronograma contempla un solo día de consulta para su región, en la localidad de Cheranástico, sin definir el formato de trabajo ni garantizar que las propuestas resultantes sean vinculantes para la redacción final de la ley.
La comunidad, que se gobierna bajo un sistema de usos y costumbres, aprovechó el comunicado para desconocer al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como su representante, y aclaró que los acuerdos de ese organismo no reflejan una postura propia de Cherán.
Los pobladores reprocharon al INPI no haber generado condiciones adecuadas para que los pueblos indígenas sean escuchados, pese a que la iniciativa plantea reconocer y promover los derechos indígenas y afromexicanos, con artículos que, señalaron, deben discutirse directamente en los territorios.
La comunidad anunció que en los próximos días realizará espacios internos de análisis de la iniciativa, en coordinación con otros pueblos originarios de Michoacán, y exigió respeto a sus derechos, además de una consulta «previa, libre e informada».