Foto: Sedena
Por: Vanesa García
Ciudad de México, 20 Julio.- Unos 40 hombres armados, entre soldados, policías ministeriales y estatales, detuvieron la tarde del viernes 17 de julio a Jesús Plácido Galindo en un retén militar instalado en el crucero de Monte Alto, Costa Chica de Guerrero, cuando viajaba junto con su esposa Aurea; los agentes lo esposaron, revisaron el vehículo y lo subieron a una camioneta de la Fiscalía General de la República sin informarle su destino.
El dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero «Emiliano Zapata» (CIPOG-EZ) terminó recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, adonde fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana tras ser sacado por tierra de la zona de conflicto.
En el momento de la detención, los elementos que rodearon a Plácido Galindo le informaron verbalmente que se le acusaba de homicidio, secuestro y delincuencia organizada, cargos que el CIPOG-EZ y el Congreso Nacional Indígena (CNI) rechazaron de inmediato y calificaron como fabricados para desarticular a la organización comunitaria.
Horas después, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció una versión distinta mediante un comunicado oficial, en el que informó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, detuvo al dirigente al cumplimentar una orden de aprehensión contra Jesús «N» por el homicidio calificado de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de la comunidad indígena nahua de Xicotlán, quien fue asesinado el 30 de octubre de 2021.
La dependencia militar lo vinculó, además, con la célula delictiva Los Rojos y con el Cártel de la Sierra, conocido también como Los Tlacos, así como con hechos de violencia registrados en el corredor Chilapa-José Joaquín de Herrera, y precisó que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en Guerrero para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.
Plácido Galindo, también integrante de la Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena (CNI) y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF), se dirigía a una reunión en Acapulco con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, quien lo había citado por mensaje de texto con el argumento de gestionar recursos para el reencarpetamiento de una carretera en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.
El subsecretario Rodríguez Cisneros ha sido señalado, en un comunicado difundido a través del Congreso Nacional Indígena, de mantener una presunta relación con el grupo Los Ardillos y de minimizar de manera reiterada la violencia en la Montaña Baja de Guerrero.
El CIPOG-EZ y el CNI atribuyen la detención a un contexto de creciente criminalización contra Plácido Galindo, luego de que en febrero pasado le fueron retiradas las medidas de protección del Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pese al riesgo que enfrentaba como defensor.
Las organizaciones señalaron también que el 26 de junio la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del dirigente e incluyó su nombre en la lista de personas sancionadas, cuando en una de ellas apenas contaba con 280 pesos, dato que interpretaron como parte de una estrategia para desacreditarlo.
Las organizaciones vinculan el caso con las denuncias públicas que Plácido Galindo formuló ante medios nacionales e internacionales sobre la presunta complicidad de autoridades municipales, estatales y federales con el grupo criminal Los Ardillos, tras los ataques armados que este ejecutó en mayo pasado contra las comunidades de Xicotlán, Tula, Acahuehuetlán y Alcozacán, con un saldo de seis muertos, decenas de familias desplazadas y viviendas incendiadas.
Por su parte, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), del pueblo de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, se sumó el fin de semana a las protestas en Chilapa y calificó de indignante que se persiga a un defensor social mientras, según denunció, «se proteja a los dirigentes de organizaciones criminales señalados públicamente» como Los Ardillos y La Familia Michoacana.
En este mediodía, familiares y autoridades comunitarias del CIPOG-EZ bloquearon la carretera federal a la altura de Marquelia para exigir su liberación, mientras el CNI convocó a un mitin frente a la Secretaría de Gobernación en la capital del país y anunció una nueva jornada de movilización para el próximo jueves.
Las organizaciones exigen garantías para la integridad física y psicológica del líder comunitario, respeto al debido proceso y el fin de lo que describen como una guerra de criminalización contra los pueblos indígenas de Guerrero.