Reynaldo Vázquez Ramírez, representante legal de Pueblos Indígenas Joñonla A.C.
CDMX, 18 de diciembre, 2025.- En días pasados, Paula Gaviria Betancur, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, en el marco de su participación en el foro “Desplazamiento forzado interno en México” que se realizó en la Cámara de Diputados, señaló que esta situación compleja va en constante aumento a nivel mundial por causas multifactoriales, y que en el caso mexicano, este problema requiere de una acción coordinada de todos los niveles de gobierno para atenderlo y solucionarlo de manera integral con un enfoque estratégico, por ello, instó a considerar como prioridad nacional del Estado mexicano contar con una la ley en materia de desplazamiento forzado interno.
Cabe mencionar que el poder legislativo federal tuvo la oportunidad histórica de aprobar en 2020 la propuesta de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno,° con la que se reconocía jurídicamente el desplazamiento forzado a partir del diseño y aplicación de la política pública orientada en prevenir, atender y establecer soluciones a las personas que se encuentran en esa condición, sin embargo, el Senado de la República congeló dicha propuesta al no seguir el procedimiento legislativo para su expedición.
En el ámbito local existen algunas leyes en materia de desplazamiento forzado interno como en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, pero tales legislaciones tienen el mismo problema, la falta de presupuesto para su operatividad o implementación, o en su caso, la ausencia de un reglamento para su funcionamiento.
Pese a lo anterior, algunos grupos o colectivos de desplazados internos han acudido a la judicialización de sus derechos ante los tribunales de la Federación, quienes han obtenido la protección de la justicia federal al reconocerles su calidad de víctimas, pero con la imposibilidad de ejecutar las sentencias judiciales que amparan sus derechos, como sería el caso de retornar al territorio del que fueron desplazados por la violencia del crimen organizado, situación de imposible realización.
Finalmente, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno complejo que afecta a la población que presenta una condición de vulnerabilidad, pero son las comunidades indígenas las más afectadas, quienes se ven obligadas a dejar sus territorios de origen por diferentes causales como el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos por tierras y otros, lo que se corrobora con el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos* sobre su visita a México en 2022, que entre sus recomendaciones sobre el tema sugiere: a) la expedición de la ley general sobre desplazamiento sin demora y asignación presupuestaria, b) que el desplazamiento interno se legisle de conformidad con estándares internacionales, c) la tipificación de manera autónoma del desplazamiento arbitrario, d) en materia de políticas públicas, la adopción de una estrategia integral para abordar los derechos humanos de las personas desplazadas en todos los niveles de gobierno.
° Véase el Dictamen de la Comisión de Población y Gobernación de la Cámara de Diputados, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/sep/20200929-III.pdf
* Informe de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary, disponible en: https://hchr.org.mx/relatorias_grupos/visita-a-mexico-informe-de-la-relatora-especial-sobre-los-derechos-humanos-de-los-desplazados-internos-cecilia-jimenez-damary/