Saúl Ramírez Sánchez*
Redacción. CDMX, 20 de agosto de 2026.
El estudio cuantitativo realizado en los trabajo de investigación durante la Estancia Posdoctoral denominado “La Cultura Jurídica de la Sociedad Bajacaliforniana, dialogando con la Cultura Constitucional, Cultura de la Legalidad y la Cultura de los Derechos Humanos” arrojó diversos resultados interesantes. En esta ocasión nos interesa presentar los datos relativos al tema de la confianza de las instituciones y sus autoridades[1] (ejecutivo, legislativo y judicial). Para ello, es importante situar dos eventos que seguramente influyeron en las ideas, percepciones y conocimientos de las personas al momento de contestar este instrumento de medición.
Uno de ellos se refiere al tema de la reputación pública de la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Esto es, la situación relacionada con la revocación de la visa estadounidense de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en mayo de 2025, y de quién entonces era su esposo, Carlos Torres Torres, así como la posterior separación de la pareja[2]. Circunstancias que seguramente influyeron en las respuestas de las personas que contestaron este cuestionario de cultura jurídica.
El otro episodio tiene que ver con el conflicto público entre la gobernadora actual y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, por el tema de la planta fotovoltaica en Mexicali[3]. Conflicto que se recrudeció en estos últimos meses por los audios[4] más álgidos que se difundieron el pasado mes de julio de 2026, ya cerrada la aplicación del instrumento de medición.
Estos procesos sociales, en términos de su temporalidad, permiten brindar una lectura precisa sobre los resultados estadísticos de esta encuesta, particularmente, los que tienen que ver con el tema de la confianza institucional y, que dicho sea de paso, fueron datos que no capturaron la crisis de julio de 2026, pero que sí recolectaron el clima de opinión posterior al desgaste inicial de mayo–agosto de 2025 (visa, señalamientos de vínculos con el crimen organizado contra el entonces esposo de la gobernadora, y el inicio público del conflicto político con Bonilla del PT).
Bajo esta tesitura, la fotografía de la confianza institucional y sus autoridades en Baja California refleja una etapa particularmente difícil para la entidad, pues registra una erosión ya iniciada, aunque todavía anterior al punto de mayor exposición mediática del conflicto interno entre Morena y PT[5], así como el proceso de designación de la Coordinación Estatal de la Defensa de la 4T y la Soberanía Nacional de Morena[6].
Bajo esta tesitura, los resultados de la encuesta confirman un patrón de desconfianza mayoritaria. Uno de estos descubrimientos se refiere a la autoridad judicial, apenas 2% declaró confiar demasiado y 18% confiar, frente a un 36% que confía poco y un 12% con desconfianza extrema, mientras que un 32% se ubicó en la posición neutral. Sumando los extremos negativos, prácticamente la mitad de la muestra bajacaliforniana (48%) expresó algún grado de desconfianza hacia la autoridad judicial, contra apenas 20% que enunció algún grado de confianza.
El dato más relevante no es únicamente la magnitud de la desconfianza, sino lo que tienen que ver con la atribución de la percepción de la causa. Esto es, la causal de esta desconfianza de las personas bajacalifornianas se debe a que el 51% respondió que el vínculo de la desconfianza explícitamente está relacionado con la corrupción[7].
Este pensamiento o tipo de racionalidad de las personas bajacalifornianas es consistente con la tesis de la “cultura jurídica de desconfianza estructurada” desarrollada en el proyecto de investigación de la encuesta. Esto quiere decir que no se trata de un rechazo abstracto a la institucionalidad de la autoridad, sino de una desconfianza con causa atribuida y nombrada por la propia ciudadanía, la corrupción.
Por otro lado, los datos estadísticos de la lectura del catálogo sobre las dieciocho figuras de las diversas autoridades (estatal, municipal, electoral, legislativas, indígena, entre otras) fueron medidas en una escala de 1 (“no confío nada”) a 5 (“confío mucho”), encontrando que el hallazgo principal que conecta directamente con la coyuntura política del estado, fue que la Gobernadora del Estado de Baja California encabeza el ranking de desconfianza absoluta con 43.5% de respuestas en la escala 1, por encima incluso de la Policía Estatal (41.1%) y la Policía Municipal (40.3%).
Este dato merece subrayarse porque invierte un patrón habitual en los estudios de cultura jurídica y política mexicana, donde las corporaciones policiales suelen encabezar de forma consistente los rankings de desconfianza institucional (véase la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, 2025). Así es que cuando se encontró que la titular del Ejecutivo estatal bajacaliforniana superó a las policías en desconfianza absoluta sugiere un desgaste reputacional específico y coyuntural, más que un rechazo genérico hacia la figura del Ejecutivo como tal.
Para depurar el análisis de posibles sesgos de la escala, se calculó un índice de confianza neta por autoridad (porcentaje en niveles 4+5, menos porcentaje en niveles 1+2). El resultado es contundente, las dieciocho autoridades evaluadas presentan saldo neto negativo, sin una sola excepción.
Por lo que, la Gobernadora se ubica en el séptimo lugar de mayor desconfianza neta (−60.9), en un bloque cercano a las policías, las secretarías municipales y de Estado, y por encima, en desconfianza, de figuras como jueces, magistrados o el propio Fiscal del Estado.
El patrón que emerge al comparar ambas gráficas es de estratificación, ya que las autoridades con función técnica o cuasi-jurisdiccional, como Juez(a) (−40.0), Autoridad Agraria (−35.9), Defensor(a) de DDHH (−27.3) y Autoridad Indígena (−26.7), conservan relativamente más legitimidad que las autoridades de elección popular o de mando político-administrativo directo como la Gobernadora, secretarías, síndicos, regidores y policías, que concentran los saldos más negativos.
Estos resultados sugieren que la crisis de confianza en Baja California se concentra, principalmente, en la representación política y en el mando ejecutivo, más que en un rechazo generalizado e indiferenciado hacia toda forma de autoridad. No obstante, los niveles de desconfianza observados en las demás autoridades indican que el problema también alcanza, aunque con distinta intensidad, al conjunto de la administración pública.
Por lo que, la cifra del 43.5% de desconfianza absoluta hacia la Gobernadora no puede leerse en el vacío. El periodo inmediatamente anterior al levantamiento de la encuesta estuvo marcado por una sucesión de episodios que colocaron a Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la siguen situando en el centro del escrutinio público.
Aun cuando el pico de julio y agosto de 2026 fue el más intenso por las acusaciones lanzadas hacia la gobernadora, mientras que la aplicación del cuestionario fue anterior a este episodio. No obstante, los antecedentes de 2025 como la visa revocada, separación matrimonial, investigación federal contra el entonces esposo, y el conflicto público con Bonilla, ya estaban plenamente instalados en la conversación pública bajacaliforniana durante la ventana de aplicación (febrero–abril de 2026).
Es razonable sostener que estos antecedentes constituyen un componente explicativo, aunque no exclusivo ni exhaustivo, del hallazgo empírico de que la Gobernadora encabece el ranking estatal de desconfianza absoluta. Esta lectura debe matizarse con cautela metodológica, ya que la encuesta no incluye una pregunta que vincule explícitamente la desconfianza hacia la Gobernadora con el episodio de la visa o con el conflicto con Bonilla, por lo que la conexión aquí propuesta es hermenéutica, pues se funda en las acciones sociales y en la teoría del capital político, no como una relación causal verificada por el propio instrumento.
En consecuencia, la revocación de la visa y la posterior exposición pública del conflicto con Bonilla pueden leerse como una pérdida de capital simbólico en el campo político bajacaliforniano. Esto es, la legitimidad de la Gobernadora no se erosiona únicamente por su desempeño programático, sino por la acumulación de eventos que carcomen la percepción de probidad, honestidad y control institucional. El 51% de los encuestados mencionó como causa de su desconfianza hacia la autoridad, la percepción de corrupción.
Esta convergencia entre los hallazgos refuerza el concepto de “legalidad sin instituciones”, es decir, la ciudadanía bajacaliforniana no rechaza el marco normativo como tal, ya que el cumplimiento normativo personal permanece alto, según otros apartados del instrumento, pero sí rechaza de forma generalizada a las instituciones y figuras encargadas de hacerlo cumplir, con la autoridad ejecutiva estatal como expresión más aguda de ese rechazo en el periodo estudiado.
En términos de Peter Mair (2013), se trata de un síntoma de gobernar el vacío. Esto es, una desconexión entre la ciudadanía y quienes ejercen la representación política formal, que no necesariamente se traduce únicamente en una respuesta de apatía, sino tiene que ver más con el concepto de “ciudadanía sin anclajes”, una desconexión institucional que coexiste con interés cívico activo.
A manera de conclusión se puede señalar que los resultados de la encuesta muestran una desconfianza generalizada, pues las dieciocho autoridades evaluadas presentan saldos negativos. Por lo que, hasta cierto punto, las autoridades jurisdiccionales conservan relativamente más legitimidad que las autoridades de mando político-ejecutivo, encabezadas por la Gobernadora del Estado y el Poder Legislativo. Finalmente, la desconfianza confirma la utilidad del marco de “legalidad sin instituciones”, persistiendo la creencia en la norma, pero se erosiona de forma aguda la confianza en quienes la representan y la aplican.
Por último, quien gobierne Baja California enfrentará el reto de revertir la desconfianza extendida entre la ciudadanía. Para ello, deberá impulsar acciones concretas y verificables, entre ellas, la de preservar una reputación pública íntegra; garantizar un manejo responsable y transparente de los recursos públicos; y prevenir, investigar y sancionar eficazmente la corrupción.
* Doctor en Derecho y Profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Investigador Nivel C del SNII. Actualmente realiza una Estancia Posdoctoral en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la UNAM. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3848-5472.
[1] El cuestionario de opinión de 71 preguntas fue aplicado a un total de 409 participantes que garantiza representatividad estadística del universo estatal con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±5%. El instrumento se aplicó durante los meses de febrero, marzo y abril de 2026, asegurando la integridad de los datos recolectados, ya que no se reportaron valores perdidos en el proceso. Para garantizar la precisión y robustez del análisis, se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), reconocido internacionalmente por su capacidad para procesar información estadística y realizar análisis descriptivos, comparativos y correlacionales. El uso de SPSS facilitó el cálculo de medidas como la media, mediana, moda, desviación estándar y rango, aportando una visión integral y detallada del perfil de las personas encuestadas. La ausencia de valores perdidos refuerza la confiabilidad de los resultados y la representatividad de la muestra.
[2] Castillo Jiménez, Elia, 2025, “La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, anuncia su divorcio tras el escándalo por la cancelación de su visa”, El País, México, 08 de octubre de 2025, disponible en: https://elpais.com/mexico/2025-10-08/la-gobernadora-de-baja-california-marina-del-pilar-anuncia-su-divorcio-tras-el-escandalo-por-la-cancelacion-de-su-visa.html.
[3] Castillo, Arath, 2026, “Imputan al exgobernador Jaime Bonilla por el caso de la planta fotovoltaica”, Semanario Zeta, 19 de marzo de 2026, disponible en: https://zetatijuana.com/2026/03/imputan-al-exgobernador-jaime-bonilla-por-el-caso-de-la-planta-fotovoltaica/.
[4] Martínez, Gabriela, 2026, “Marina del Pilar admite que audios filtrados corresponden a una conversación privada; asegura estar tranquila y dispuesta a cooperar”, El Universal, 13 de julio de 2026, disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/marina-del-pilar-admite-que-los-audios-corresponden-a-una-conversacion-privada-asegura-estar-tranquila-y-dispuesta-a-cooperar/.
[5] Antúnez, Montserrat, 2026, “El PT le hace guerra de lodo a Morena a nivel local, mientras le demanda candidaturas”, sinembargo, 24 de julio de 2026, disponible en: https://www.sinembargo.mx/4842615/el-pt-le-hace-guerra-de-lodo-a-morena-a-nivel-local-mientras-le-demanda-candidaturas/.
[6] Álvarez Acevedo, Carlos, 2026, “Morena abre convocatoria para definir coordinación de la Cuarta Transformación en Baja California”, Semanario Zeta, 17 de junio de 2026, disponible en: https://zetatijuana.com/2026/06/morena-abre-convocatoria-para-definir-coordinacion-de-la-cuarta-transformacion-en-baja-california/.
[7] Lugo define la corrupción como “todo aquello que ha sido dañado, pervertido o echado a perder con respecto a su naturaleza original. En el ámbito público, la corrupción refiere a la captura de las instituciones del Estado o la apropiación ilegítima de lo público (Merino, 2013, 2021). Lo público entendido, de acuerdo con Rabotnikof (2005), como todo aquello que es de interés y utilidad para todos, frente a los intereses privados o las utilidades particulares; lo que es manifiesto y ostensible, en contraste con lo que permanece en secreto u oculto, y lo abierto y accesible, en oposición a lo cerrado o exclusivo. Y el Estado moderno entendido como el arreglo que busca garantizar el ejercicio del poder con base en lo legal-racional y la imparcialidad”. Vease en Lugo Gutiérrez, Damián Ignacio, (2026), “Sobre el problema y fenómeno de la corrupción:elementos para su conceptualización y definición