Chilpancingo, Guerrero a 16 de agosto de 2024.- Al igual que en varias entidades de la República Mexicana, en Guerrero realizaron un foro de análisis en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas sobre las reformas constitucionales que forman parte del llamado Plan C, principalmente la reforma indígena y la reforma al poder judicial federal.
El evento denominado “Los Pueblos Indígenas ante las Reformas prioritarias en la 4ta Transformación” tuvo lugar el pasado domingo 11 de agosto en la “Casa de Ceremonias” ubicada en la comunidad indígena Tepoxtiapan en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero y contó con la participación de líderes indígenas estatales como Carlos de Jesús Alejandro, Felicitas Martínez Solano, Melquiades Martínez Policarpo, Luis Zacarías Quiroz, Amador Cortés Robledo, Guillermo Álvarez Nicanor, Vicente Melquiades Galeana, todos ellos ex integrantes de la histórica organización Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, además de otros destacados liderazgos ponentes como Leonel Casares García, Constantino Sánchez Cruz, Vidulfo Rosales Sierra, Urbino Gómez Gutiérrez, Bautista Remigio Enrique, Tomás González Salazar, entre otros.
Los participantes demandaron un diálogo y debate con el Poder Legislativo Federal para perfeccionar la reforma constitucional indígena y afromexicana, con el objetivo de incorporar derechos que el dictamen aprobado el pasado viernes 9 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados no contiene, pero que fueron propuestos por las organizaciones y pueblos en el proceso -llamado de “consulta”- que instrumentó el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas durante el 2019 y 2020.
Como parte de dicho proceso de escucha de las aportaciones de las propias comunidades, se integró y consensuó una propuesta de reforma constitucional en materia indígena integral, misma que le fue entregada en septiembre de 2021 en Vicam, Sonora, Territorio Yaqui al Presidente de la República pero que, lamentablemente, no coincide con la que el titular del Poder Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero.
Otra de las preocupaciones expresadas en el encuentro es la ausencia de una perspectiva intercultural y de pluralismo jurídico en los procesos de procuración y administración de justicia; así mismo, el reconocimiento del derecho a la participación y representación indígena en el ámbito judicial, es decir, que se propongan y elijan ministros, magistrados, jueces y ministerios públicos indígenas y que se reconozca la jurisdicción indígena y la capacidad que tienen los indígenas de prevenir y sancionar delitos al interior de sus comunidades, esto como parte del derecho a la autonomía reconocido ya en la constitución federal.
En cuanto a los derechos políticos-electorales argumentaron que, si no se reconocen, se corre el riesgo de que se siga usurpando la identidad indígena y los no indígenas sigan hablando y decidiendo por los indígenas. Sobre los derechos territoriales es peor el panorama, porque al no estar presentes en el dictamen implica que seguirá el saqueo y la mercantilización de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, permanentemente amenazados por la industria extractiva.
Los asistentes coincidieron en que se van a preparar para exigir en los tribunales el derecho a la consulta en este ya “proceso legislativo”, bajo los principios del consentimiento previo, libre e informado, de buena fe y con pertinencia cultural ante una eventual aprobación de una reforma que no responda a las exigencias de los pueblos indígenas y afromexicano del país.
Ante tal panorama, demandaron que el Estado mexicano no traicione una vez más a los pueblos indígenas, y que se aproveche la oportunidad de cumplir con los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y con los tratados internacionales de los que México es parte, toda vez que existe la obligación de armonizar la legislación nacional acorde al marco jurídico internacional, entre ellos los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Las y los activistas reunidos en la capital del estado sureño siempre convulso, recapitularon y concluyeron que la organización y la movilización han sido la base para la conquista de derechos hasta hoy alcanzados, como la reforma al artículo 4º Constitucional en 1992 que vino antecedida del levantamiento indígena pacífico en el marco de la Campaña Continental 500 Años de Resistencia indígena Negra y Popular, o la reforma al artículo 2º constitucional del 2001, producto del levantamiento armando del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y la movilización conjunta con el movimiento indígena en la marcha del “Color de la Tierra”; por lo que acordaron realizar los esfuerzos para rearticular el movimiento indígena y afromexicano estatal, organizarse y estar en mejores condiciones para exigir un mayor reconocimiento de los derechos indigenas.