Ciudad de México, 13 Junio.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó en 2022 anular la autorización ambiental de la planta de amoníaco que la empresa suizo-alemana Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio Proman, construye a orillas de la Bahía de Ohuira en Topolobampo, Sinaloa, tras determinar que el gobierno omitió consultar al pueblo Mayo-Yoreme, violando sus derechos colectivos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A pesar del fallo, GPO avanzó en la construcción y el 29 de mayo ingresó maquinaria pesada al puerto, lo que provocó cortes de luz y agua en la zona y motivó una manifestación el 4 de junio frente a la embajada de Alemania en la Ciudad de México para interpelar directamente al país de origen del proyecto, que representa una inversión de alrededor de mil 500 millones de dólares y busca producir amoníaco para la fabricación de fertilizantes agrícolas, así mismo se realizó una marcha el pasado domingo 7 de junio de indígenas Mayo-Yoreme, pescadores, ambientalistas y vecinos de varios municipios de Sinaloa.
La Bahía de Ohuira, sitio Ramsar de humedales y manglares reconocido internacionalmente, es refugio de tortugas, camarones y de «Pechocho», un delfín nariz de botella que lleva más de 30 años habitando esas aguas y cuya imagen encabeza las pancartas del movimiento ¡Aquí No!.
El colectivo ¡Aquí No! advierte que un accidente en la planta generaría una nube tóxica capaz de afectar entre 15 y 45 kilómetros a la redonda, poniendo en riesgo comunidades, ejidos y zonas pesqueras del municipio de Ahome, donde la pesca es el principal sustento económico y cultural de las comunidades.
Imagen de: sitio web “AQUÍ ¡NO!” colectivo ecológico.
Una de las manifestantes expresó su rechazo al señalar que no quiere ser la generación que vio morir la bahía de Ohuira sino la que la salvó, y cuestionó qué clase de futuro es aquel donde un niño de cinco años no puede respirar si hay una fuga, «por eso digo aquí no, porque mi futuro no está en venta».
Por otro lado, una defensora del movimiento denunció la complicidad del Estado al mencionar que quienes defienden la tierra son los más criminalizados, mientras las empresas extranjeras anteponen sus intereses a los de las comunidades, «yo no estoy cometiendo un delito, estoy defendiendo mi tierra con amor, pasión y como madre».
GPO asegura en su sitio web que la planta será la mayor de América Latina con capacidad de 2 mil 220 toneladas métricas diarias, que reducirá la dependencia de México de fertilizantes importados y que fue diseñada con tecnologías avanzadas para minimizar su impacto ambiental, con gas suministrado por CFEenergía, y se presenta como una empresa comprometida con las comunidades locales y la seguridad alimentaria del país.
OCHO AÑOS DE LUCHA EN LOS TRIBUNALES Y LAS CALLES
La lucha judicial comenzó en 2018, cuando integrantes de la comunidad de Lázaro Cárdenas promovieron un amparo contra la autorización ambiental que la SEMARNAT había otorgado en 2014 sin realizar consulta indígena; en 2019 la comunidad de Ohuira interpuso otro amparo por la misma razón, y ambos casos escalaron hasta la SCJN.
Las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones decidieron no otorgar su consentimiento al proyecto tras la consulta ordenada por la SCJN, pero en septiembre de 2022 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) emitió una nueva autorización condicionada.
En septiembre de 2025, procedimientos especiales de la ONU enviaron al gobierno mexicano la comunicación AL MEX 09/2025 cuestionando la construcción y sus implicaciones sobre los derechos del pueblo Mayo-Yoreme, y el Estado reconoció ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos que entre 2015 y 2021 se detectaron contravenciones ambientales por las que GPO recibió sanciones y medidas correctivas.
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) mantiene abierto un expediente por presuntas violaciones al derecho a un medio ambiente sano, a la consulta previa y a la protección de la pesca artesanal, mientras el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reconoció haber brindado acompañamiento y asesoría legal a los defensores ambientales de la bahía.
El Congreso de Sinaloa aprobó un Punto de Acuerdo para exigir a la SEMARNAT la suspensión definitiva de la obra, respaldado en los fallos judiciales y en la resolución unánime que el Senado adoptó en septiembre de 2016, mientras trece cooperativas pesqueras del norte del estado llevan litigando desde 2015.
Imagen tomada del «Informe en respuesta a la comunicación AL MEX 09/2025».