fOTO: «No a la recicladora»: reclaman pobladores de San José Chiapa ante Sheinbaum(Gabriela Hernández) Proceso
Por: Vanesa García.
Ciudad de México, 8 de Julio.- Comunidades del oriente de Puebla rechazan un proyecto para procesar 800 toneladas diarias de residuos en San José Chiapa, que el Gobierno estatal promueve como solución a la crisis de basura en la entidad, y que ya enfrenta un amparo federal sin éxito hasta el momento.
Cerca de mil campesinos marcharon el pasado 5 de julio desde San José Chiapa hacia la localidad de Rafael Lara Grajales, bajo la consigna «tierra sí, basurero no», para exigir la cancelación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, nombre oficial del proyecto.
Comunidades de la región rechazan el proyecto porque advierten que pondría en riesgo el agua en una zona que permanece en veda desde 1954 debido a la sobreexplotación de su acuífero, además, el Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida de San José Chiapa señala que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías ha identificado la región como un área de emergencia sanitaria y ambiental, debido a los altos índices de insuficiencia renal crónica entre la población joven.
Con el respaldo de Greenpeace México, la organización denuncia que las autoridades promovieron el proyecto sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental ni realizarón la consulta pública que exige la ley para una obra de esta magnitud.
El Movimiento presentó un juicio de amparo contra la declaratoria del proyecto ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales del Sexto Circuito, radicado bajo el expediente 597/2026-IV. El 27 de abril, el juzgado negó la suspensión provisional del proyecto al considerar que el acuerdo declaratorio es un instrumento programático que no ordena obras inmediatas.
Los inconformes impugnaron esa decisión; sin embargo, el 7 de mayo el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito confirmó la negativa de la suspensión, por lo que el acuerdo permanece vigente mientras continúa el litigio de fondo.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró el proyecto mediante un acuerdo suscrito por su titular, Alicia Bárcena, el 19 de febrero y publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
El propio acuerdo reconoce que el predio, de 40 hectáreas y 4 mil 280 metros cuadrados, coincide con la Región Hidrológica Prioritaria RHP-70 Cuenca Oriental, zona técnica de conservación de parientes silvestres de cultivos mesoamericanos; la dependencia concluyó que esa categoría no constituye una restricción para el proyecto.
(Imagen de Diario Oficial de la Federación)
El subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva, informó en abril que la planta generará 500 empleos directos y 200 indirectos, con arranque de operaciones previsto para finales de 2027.
Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, defendió el proyecto al señalar que la entidad genera un millón doscientas mil toneladas de basura al día, y advirtió a los opositores de la planta que «eso ya es obstrucción a la autoridad y es un delito».
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un acto público el 11 de abril en San José Chiapa, respondió a los manifestantes con una pregunta: «¿Qué prefieren, un basurero a cielo abierto o una recicladora de basura limpia?«, y afirmó que a nadie se le quitarán sus tierras y que el proyecto será consensuado con las comunidades.
Greenpeace México calificó el proyecto como un modelo que beneficia principalmente a la industria plástica y fósil; la organización hizo un llamado a los tres poderes de la Unión a replantear el esquema de Economía Circular en Puebla y garantizar los derechos de información, participación y consulta pública de la comunidad, en apego al Acuerdo de Escazú y a la Constitución mexicana.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas descartó la existencia de comunidades indígenas dentro de la superficie del proyecto, por lo que, según el criterio del propio acuerdo federal, no se configuró la obligación de una consulta previa en esos términos; el Movimiento en Defensa del Agua cuestionó esa determinación y sostuvo que la región conserva raíces nahuas, aunque reconoció que la lengua originaria se ha perdido de manera gradual entre sus habitantes.
El Movimiento denunció esta semana el uso de los sindicatos CTM y CIT «para hacer ver que el pueblo acepta el proyecto», y aseguró contar con videos que documentan su intervención para bloquear la marcha del 5 de julio; el grupo pidió además al gobernador escuchar sus propuestas de manera directa y sin intermediarios ni grupos de choque.
La Semarnat ha reiterado que continuará con encuentros informativos en San José Chiapa y municipios vecinos. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado un mecanismo concreto para atender las dos demandas centrales de los pobladores, la reubicación de la planta o la realización de la consulta pública que, según los opositores, nunca se llevó a cabo antes de la declaratoria oficial.