Ciudad de México, 28 de Julio.- Siete periodistas han sido asesinados en México entre enero y julio de este año; al menos seis de ellos habían denunciado amenazas antes de ser atacados, tres presentaron una denuncia formal ante fiscalías o comisiones de protección, y los demás lo hicieron públicamente en redes sociales. Las víctimas cubrían temas de alto riesgo (huachicol, corrupción municipal, delitos ambientales o seguridad pública).
Veracruz es el estado con el mayor número de comunicadores privados de la vida este año, con tres de los siete casos y dos de ellos en Poza Rica; le siguen Oaxaca, Puebla, Nuevo León y Guerrero, con un homicidio cada uno.
El primer caso del año fue el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, de 26 años, director del portal de nota roja Código Norte Veracruz, asesinado la noche del ocho de enero cuando un grupo armado llegó en auto hasta el restaurante familiar donde se encontraba, en Poza Rica, y le disparó de forma repentina. El comunicólogo había denunciado amenazas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), que le otorgó medidas de protección en 2024, aunque para entonces ya se le habían retirado, pues dejó de renovarlas después de pasar una temporada fuera de Veracruz.
Cinco meses después, el 11 de junio, en el mismo municipio, fue asesinado a tiros Luis Ángel López Valdez, reportero de nota roja de Vanguardia de Veracruz, quien manejaba un taxi como actividad complementaria a su labor periodística cuando fue interceptado sobre la avenida 20 de Noviembre y recibió al menos 18 disparos.
Según reportó Vanguardia de Veracruz, una de las líneas de investigación del homicidio es una denuncia que el propio López Valdez había interpuesto por presunto hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en su contra, de acuerdo con lo confirmado por el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil.
El tercer caso veracruzano es el de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio Pulso Informativo del Sureste; el 2 de junio, un comando armado irrumpió en su domicilio en Nanchital y la privó de la libertad, hecho que quedó registrado en un video que circuló en redes sociales; Por su parte la Fiscalía de Veracruz confirmó el 3 de julio el hallazgo de sus restos en un rancho de Moloacán y detuvo a ocho personas por el homicidio entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, a quienes se investiga por presuntamente haber colaborado con el grupo delictivo aportando recursos y logística.
Fuera de Veracruz está el caso de Juan David Gámez, conocido en redes como «Táctica SS», asesinado a balazos el 18 de marzo en García, Nuevo León, donde documentaba temas de seguridad de la Zona Metropolitana de Monterrey. El ataque ocurrió cerca de su casa, mientras se desplazaba en motocicleta; había denunciado públicamente amenazas relacionadas con su actividad en redes sociales.
Los tres periodistas asesinados en Veracruz. Foto: Politico mx.
Por otra parte, en Guerrero, el periodista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, «Alex Serna», desapareció el 20 de junio, horas después de publicar un video en el que denunció presuntos daños ambientales de una empresa deshidratadora de mango en la comunidad de La Saladita, Zihuatanejo. Dos días después, su cuerpo fue localizado dentro de un tambo abandonado en el municipio de Petatlán, con huellas de tortura; sus familiares confirmaron la identificación en los primeros días de julio; Moreno Serna llevaba meses denunciando amenazas por redes sociales.
El 16 de julio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan, fue asesinado Josué Martínez Contreras, maestro, abogado y director del portal Noticias San Martín Texmelucan, atacado por hombres armados que viajaban en motocicleta a unos metros de su casa. Su madre y su hijo, de 13 años, presenciaron el ataque; fue el menor quien pidió ayuda a los servicios de emergencia.
Martínez Contreras había denunciado en un video una amenaza telefónica; la mayoría de las versiones la atribuyen al alcalde de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso, por señalamientos del periodista sobre el manejo de las finanzas municipales; otra versión la atribuye al presidente de la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Javier Montalvo Juárez, por un conflicto en torno al suministro de agua.
El caso más reciente ocurrió el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, donde el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, de 58 años, fue atacado a balazos mientras desayunaba. Leyva era conocido por sus críticas al gobierno del morenista Salomón Jara Cruz.
Días antes había señalado a un senador cercano al gobernador por presuntos vínculos con el huachicol en el Istmo de Tehuantepec, y meses antes había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por temor a ser atacado, y había responsabilizado por adelantado al gobernador, a su secretario de Gobierno y a su consejero jurídico de cualquier daño a su integridad.
La impunidad, el denominador común
Según cifras del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre 2010 y 2024 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión abrió 2 mil 371 carpetas de investigación, de las cuales solo 201 han concluido; contando únicamente las sentencias condenatorias, el nivel de impunidad supera el 98 por ciento.
A esa cifra se suma el conteo de la organización Artículo 19, que ha documentado 181 periodistas asesinados en México desde el año 2000, uno de los saldos más altos del mundo para el ejercicio del periodismo.
Por: VGC